Movimiento de Derechos Humanos exige respuestas claras y precisas al gobierno
En el contexto del Día internacional del Detenido Desaparecido, el movimiento de derechos humanos en Chile se encuentra en un debate con las autoridades de gobierno por sus confusas e inadecuadas decisiones y declaraciones en torno al esperado Plan Nacional de Búsqueda.
Mariela Santana, Secretaria Ejecutiva de CODEPU y abogada patrocinante de diversas causas por violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de la dictadura, como de posteriores atrocidades cometidas por agentes del estado contra manifestantes durante y después la revuelta de octubre del año 2019, declara hoy ante la agencia de noticias italiana “Pressenza” que «Un Plan Nacional de Búsqueda que para los familiares y los organismos defensores de Derechos Humanos debía tener urgencia y una robusta decisión, en su implementación se enreda y retrasa demostrando que el Ministerio no ha estado a la altura de las circunstancias y las exigencias»
La abogada Mariela Santana. Foto: @DDHHRegionMaule.0
Lo anterior es a propósito de la decisión del ministro de Justicia de contratar de manera directa y fuera de concurso público a la empresa UnHolster para el montaje de una plataforma informática para el Plan Nacional de búsqueda, cuestión que generó muchas sospechas y suspicacias dado que no es la única empresa en condiciones de realizar ese trabajo, cuando en la realidad había otras que podrían hacerlo a menor costo e incluso gratuitamente, como es el caso de las universidades chilenas. De cualquier modo, Mariela Santana señala que «es fundamental garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en la contratación pública, más aún en temas tan sensibles como éstos», afirmando con ello que una licitación pública debía haber dado la oportunidad a otros oferentes la posibilidad de presentar sus propuestas, despejando el escenario de las dudas y sospechas.
Este hecho gatilló una serie de críticas de las organizaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y otras, que exigen transparencia y seriedad, dado que ya ha habido diversos episodios que ponen en tela de juicio el compromiso de las autoridades con la causa de los derechos humanos. La sospecha surge desde el momento en que previamente estaba trabajando el instituto Milenio Fundamento de Datos, «no queda claro si se exploraron alternativas para mejorar esta colaboración antes de optar por el camino de la contratación de Unholster», como tampoco es claro «en qué momento se evaluó e hizo el diagnóstico que pesó sobre el trabajo del grupo Milenio, cómo fue ese proceso y el por qué no se nos informó de este cambio tan fundamental para lograr, en el corto tiempo que queda, procesar y analizar datos».
Agrega Mariela Santana que «Por nuestra parte, en tanto CODEPU, las respuestas a nuestras distintas inquietudes, que nos han entregado desde el primer día, cuando sostuvimos reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, no nos satisfacen (…) vemos que hay factores tanto externos como internos que, a nuestro juicio, ponen en peligro el avance de este proceso de implementación y han generado una crisis de confianza en el Plan Nacional de Búsqueda, PNB».