La ofensiva conservadora tras la impunidad
(publicado el 17 de julio 2024)
Desde que los sectores conservadores en Chile tomaron nota, durante el estallido social de octubre 2019, de la fragilidad de las instituciones en Chile, cuya legitimidad se ha ido debilitando frente a los múltiples casos de corrupción, se ha desarrollado una estrategia cuyo objetivo es poner un cerco a las luchas sociales, para evitar que en lo sucesivo el terremoto de los estallidos ponga en riesgo la estabilidad del sistema.
Efectivamente, si tomamos nota respecto a cuantas leyes hay sido aprobadas desde comienzos del año 2020, algunas de ellas van directamente a favorecer la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado, y en particular aquellos actos de violencia institucional ocurridos desde el estallido social del año 2019 hasta la fecha.
Desde que los sectores conservadores en Chile tomaron nota, durante el estallido social de octubre 2019, de la fragilidad de las instituciones en Chile, cuya legitimidad se ha ido debilitando frente a los múltiples casos de corrupción, se ha desarrollado una estrategia cuyo objetivo es poner un cerco a las luchas sociales, para evitar que en lo sucesivo el terremoto de los estallidos ponga en riesgo la estabilidad del sistema.
En particular, la llamada Ley Nain Retamal, (Ley 21560) que como norma surge con el pretexto de fortalecer a las fuerzas policiales en el enfrentamiento de los actos de delincuencia, se ha utilizado, en los hechos, fundamentalmente para disparar indiscriminadamente contra las personas que cometen delitos tras el argumento de la legítima defensa, y bajo esa misma interpretación, se ha dejado sin sanción penal a los agentes del estado que dispararon a mansalva contra manifestaciones públicas y que tuvieron como consecuencia a más de 400 personas con daño ocular.
Escandalosamente, podemos decir que, de las decenas de querellas contra agentes del estado, luego del estallido social, de acuerdo a las cifras del INDH, hasta octubre del año 2022, se había registrado 3626 víctimas, mientras que 2987 carabineros habían sido acusados por las víctimas. Sin embargo, a esa fecha solo se había logrado 13 condenas, y para abundar en más detalles, en octubre del año 2023, podíamos contar solo con 67 carabineros acusados, y solo 11 condenas… Es decir, la Ley Nain Retamal ha tenido un efecto dramático en la impunidad de los casos de violación a los Derechos Humanos en Chile.
A estas alturas, podemos decir que las condenas efectivas siguen reduciéndose, mientras se amplían los casos en que los agentes del estado son absueltos en las querellas, quedando las víctimas sin justicia.
Pero la ola conservadora no acaba allí. No se trata solo de impunidad lo que buscan. Sino la notal negación a la existencia de los actos de violación a los derechos humanos, y de censurar y acallar a quienes se atreven a denunciar las atrocidades cometidas, y la corrupción entre los funcionarios y autoridades públicas.
De tal manera que en la actualidad en el parlamento se han ingresado proyectos de norma para destituir de sus funciones a la actual directora del INDH, Consuelo Contreras, por atreverse a denunciar, mediante una querella institucional, contra el tráfico de influencias en el seno del poder judicial, respecto del nombramiento de jueces. Cuestión similar a la que acontece respecto del fiscal regional Xavier Armendáriz, quien ha sido acusado por parlamentarios ultraconservadores ante la Corte Suprema de tener “un sesgo ideológico” contra el general de Carabineros Ricardo Yáñez, quien será formalizado por su responsabilidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de su institución durante el estallido social.
Estos hechos son señales claras de que, en Chile, si antes el estallido fue causado por las alzas y 30 años de un modelo económico aplastante, en la actualidad se está pavimentando el camino hacia un borrón de las atrocidades cometidas por el Estado contra una población que se alzó contra los abusos.
Pese a lo anterior, podemos decir, desde la perspectiva de los derechos humanos, que la impunidad es claramente negación de justicia, y que estas normas y actos “legales” que hoy realiza el Estado, no es más que la continuidad de su carácter oprobioso y violento.
Nada más podemos agregar, que durante las últimas semanas los allanamientos y detenciones masivas en poblaciones emblemáticas, como Villa Francia, en donde se hizo un montaje, acusando al comedor solidario de dicha población, de tener armas ocultas, es parte del repertorio legal que pretende atemorizar a las personas, criminalizando a sus organizaciones y las dinámicas sociales, con el beneplácito de las actuales autoridades de gobierno.
Al parecer no basta con someter a la población a condiciones económicas de mayor precariedad, y lo que en la actualidad se busca, es consolidar un orden en el cual existan estamentos que consagren privilegios, frente a otros que agradezcan el goteo que el sistema de libre mercado les proporcione, y piensen que es resultado de la acción divina, tal y como se pensaba en el medioevo.
Por cierto, los derechos humanos, están llamados a la progresión, y no al retroceso . Nuestra tarea es hacerlos realidad.
La Carta de Argel: La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
(publicado el 17 de julio 2024)
La Carta de Argel, también conocida como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, fue proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. Este evento fue el resultado de un proceso complejo que coincidió con la época de la descolonización, especialmente en África y Asia.
Dicha coincidencia, en realidad no fue tal. Podemos decir, que las luchas por la descolonización tuvieron un correlato en el contexto de las instituciones internacionales.
En aquella época los procesos de lucha anti imperialista dieron origen a un movimiento internacional de países que no se alineaban a ninguna de los dos bloques que entonces desarrollaban un proceso de expansion y conquistas de zonas de influencias. Los países no alineados surgían con el afán de emanciparse del dominio imperialista de los Estados Unidos, y que, al igual que en la actualidad, los países dependientes de la economía imperial tenían grandes dificultades a la hora de pretender aliarse al bloque socialista, pues podían ser objeto de golpes de estado o invasiones. 
Pero este anhelo de autodeterminación fue el que dio espacio a la caída de la dominación colonial. El proceso de debates a nivel internacional ya había tenido lugar en el seno de las Naciones Unidas, que en la resolución 1514, emitida el 14 de diciembre de 1960, ponía bajo la protección del derecho internacional el derecho a la libre determinación de los pueblos.
La Carta de Argel vincula los principios generales de la Declaración con las luchas de liberación nacional, cuestión que se grafica en la introducción de dicho documento, que sirvió de base para la actuación posterior del Tribunal Permanente de los Pueblos
“El imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos que a menudo se han autodesignado, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les llama neo-colonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos.”
Dicho texto habla de una realidad que podemos ver incluso en pleno siglo XXI. La señal que entrega esta Declaración Universal es un claro llamado a los movimientos sociales y populares a mantener encendida la esperanza de la plena emancipación y la conquista de un nuevo orden político y económico internacional.
Promovida por la Fundación internacional Lelio Basso para el derecho y la liberación de los pueblos, junto a la Liga internacional para los derechos y la liberación de los pueblos, la Declaración de Argel nació de la colaboración de juristas, economistas y personalidades políticas, sea de los países industrializados sea del Sur del mundo, por un gran número de los representantes de los movimientos para la liberación de los pueblos, por muchas organizaciones no gubernamentales. La elección de Argel fue debida a precisas razones: era un punto de referencia estratégico para los países no alineados, era la capital de una nación que tuvo que luchar fuertemente para emanciparse de la dominación colonial, en un continente que contaba muchos países en lucha para la independencia política y económica. La fecha de la firma de la Carta coincidía con el segundo centenario de la Declaración de Filadelfia, por medio de la cual los representantes de trece colonias inglesas de America del Norte aprobaron la Declaración de independencia de los Estados Unidos redactada por Thomas Jefferson, proclamando el derecho de ser libres e independientes de la Corona británica. (extraído de aquí)